Hoja informativa de la Oficina de Defensa del Consumidor
La Oficina de Defensa del Consumidor es un organismo de normativas independientes de tipo 1, financiado con fondos en efectivo, que pertenece al Departamento de Organismos Reguladores. Los fondos en efectivo provienen de un cargo que se aplica a las empresas de servicios públicos reglamentadas del estado y se cobra a través del Fondo fijo de servicios públicos. Los clientes de los servicios públicos pagan alrededor de 4 centavos al mes de las tarifas para financiar a la Oficina. También financian a la Comisión de Servicios Públicos, así como a los abogados y expertos técnicos de los servicios públicos.
La Oficina de Defensa del Consumidor sigue siendo un organismo eficaz. Desde su creación en 1984, la Oficina ha ahorrado casi 130 millones de dólares a los consumidores, solamente a través de sus actividades, y más de 288 millones de dólares en ahorros compartidos con otras entidades ante las que era la principal responsable. La Oficina logró estos ahorros, conjuntamente con muchos otros beneficios para el consumidor, con un personal de solamente 11 miembros, incluidos los abogados del Departamento Legal, y un presupuesto anual de aproximadamente 1.2 millones de dólares. Históricamente, participa en alrededor de 80 a 100 casos sobre servicios públicos por año.
Por cada dólar gastado por la Oficina, se ha devuelto aproximadamente $40 a los consumidores a través de reducciones de tarifas, reembolsos o disminución de los aumentos solicitados por las empresas. En 1997, la Asamblea General llevó a cabo una evaluación para determinar la utilidad de la Oficina que concluyó con un resultado positivo.
Varios estados han puesto en vigor leyes para establecer una oficina de defensa del consumidor respecto de los servicios públicos. Actualmente, hay 45 oficinas de defensa del consumidor del sector de servicios públicos, incluso en el Distrito de Columbia.
La mayoría del trabajo de la Oficina está constituido por casos ante la Comisión de Servicios Públicos que cubren gran parte de los aspectos de la actividad de las empresas de servicios públicos, desde sus tarifas a sus normativas de desconexión. La Comisión recibe pruebas por parte de la empresa, la Oficina de Defensa del Consumidor, de clientes industriales o comerciales, del personal de la Comisión y de terceros. Cuando la Oficina prepara su caso como defensora de los consumidores, el personal examina las pruebas técnicas presentadas por la empresa de servicios públicos, proporciona testimonio pericial, repregunta a otros testigos y elabora los argumentos legales que respaldan la recomendación de la Oficina. El trabajo de la Comisión de Servicios Públicos es equilibrar los intereses de todas las partes y tomar una decisión en función de las pruebas. La Oficina puede apelar una decisión desfavorable de la Comisión en los tribunales de Colorado. El derecho a apelar garantiza la total protección de los derechos de los consumidores con respecto a las empresas de servicios públicos.
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